Panorama del Juicio Contencioso Administrativo

1. Descripción General del Caso o Pregunta Jurídica

El proceso contencioso administrativo es un procedimiento judicial mediante el cual los particulares pueden impugnar la legalidad de actos o resoluciones emitidas por autoridades administrativas. El problema central a analizar es cómo se regula este proceso en México y la CDMX, y cuáles son las preguntas clave que requieren resolución, tales como los derechos de los particulares frente al Estado y las garantías procesales.

En este contexto, los actores involucrados son, por un lado, los particulares que buscan impugnar los actos de autoridad y, por el otro, las autoridades administrativas cuya actuación es cuestionada. La pregunta jurídica central es si el acto administrativo impugnado cumple con los principios de legalidad, debido proceso y demás garantías constitucionales.

2. Derecho Aplicable en México y la CDMX

Fuentes del Derecho:

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM): La base jurídica para el proceso contencioso administrativo se encuentra en el artículo 14 de la CPEUM, que establece el derecho al debido proceso y la prohibición de aplicar leyes de manera retroactiva. Asimismo, el artículo 16 garantiza que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado.

• Constitución de la Ciudad de México: La Constitución local, en su artículo 10, establece derechos de los ciudadanos frente a las autoridades administrativas, garantizando el acceso a procedimientos administrativos justos y a la protección judicial.

• Tratados Internacionales: México es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que en su artículo 14 establece el derecho a un juicio justo y al acceso a recursos efectivos ante violaciones de derechos. También es parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), cuyo artículo 25 garantiza la protección judicial.

Leyes aplicables:

• Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (LFPCA): Esta ley regula los procedimientos contenciosos a nivel federal, proporcionando las normas sobre cómo y cuándo los particulares pueden impugnar actos de autoridades administrativas.
• Código de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de México: Regula el procedimiento contencioso administrativo en el ámbito local, garantizando derechos de los administrados a un proceso justo y expedito.

3. Jerarquía Normativa en el Derecho Mexicano

En el derecho mexicano, la Constitución es la norma suprema (artículo 133 CPEUM). En cuanto a los tratados internacionales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha resuelto en diversas jurisprudencias que tienen una jerarquía equivalente a la Constitución cuando se refieren a derechos humanos. En caso de conflicto entre normas locales y federales, prevalecen las federales, conforme al artículo 124 de la CPEUM.

En la CDMX, los actos administrativos locales deben cumplir con los principios establecidos en la Constitución de la Ciudad de México, pero siempre subordinados a la Constitución Federal y tratados internacionales.

4. Vigencia y Validez del Derecho Aplicable

Las normas aplicables, como la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, están vigentes en todo el país. Asimismo, el Código de Procedimientos Administrativos de la CDMX está vigente y aplicable en el territorio de la Ciudad de México, habiéndose promulgado y actualizado conforme a los procedimientos legislativos pertinentes.

5. Derecho Positivo Mexicano Aplicable al Caso

El derecho positivo mexicano aplicable al proceso contencioso administrativo incluye las leyes que regulan la interacción entre particulares y el Estado en materia administrativa. Esto implica que el particular tiene derecho a impugnar un acto de autoridad cuando considere que ha sido emitido de manera ilegal o que vulnera sus derechos. Ejemplos concretos incluyen la posibilidad de impugnar resoluciones tributarias, licencias y permisos administrativos.

6. Principios Generales del Derecho y Valores Jurídicos

En el proceso contencioso administrativo, los principios generales del derecho como el de legalidad, proporcionalidad, y debido proceso son fundamentales. Por ejemplo, el principio de legalidad exige que todo acto de autoridad esté fundado y motivado en una norma legal; mientras que el principio de proporcionalidad implica que las sanciones o medidas administrativas no deben ser excesivas o desproporcionadas en relación con la falta cometida. Estos principios están arraigados en los artículos 14 y 16 de la CPEUM y son reiterados en la jurisprudencia de la SCJN.

7. Análisis de las Fuentes del Derecho

Las fuentes formales del derecho aplicables son principalmente:

• Constitución Federal: Los artículos 14 y 16 sobre el debido proceso y legalidad.
• Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo: Regula cómo los actos administrativos pueden ser impugnados.
• Código de Procedimientos Administrativos de la CDMX: A nivel local, establece los pasos y requisitos para impugnar actos administrativos.
• Jurisprudencia: Diversas tesis jurisprudenciales de la SCJN han definido el alcance del derecho al debido proceso en el ámbito administrativo.

8. Análisis de Jurisprudencia Aplicable

La SCJN ha emitido jurisprudencias clave sobre el proceso contencioso administrativo. Un ejemplo es la tesis jurisprudencial 2a./J. 21/2016, que establece que todo acto administrativo debe estar fundado y motivado adecuadamente. Asimismo, la jurisprudencia 1a./J. 29/2017 refuerza el derecho al debido proceso, exigiendo que los tribunales administrativos revisen de manera exhaustiva la legalidad de los actos de autoridad.

9. Aplicación de la Doctrina Jurídica y Tópica Jurídica

La doctrina jurídica en México ha desarrollado teorías que sostienen la necesidad de garantizar un proceso administrativo justo, basado en los principios de debido proceso y control de legalidad. Doctrinarios como José Ovalle Favela destacan la importancia de que los tribunales administrativos actúen como verdaderos garantes del Estado de Derecho, asegurando que las decisiones administrativas se ajusten a los principios constitucionales.

10. Análisis de la Argumentación Jurídica

La argumentación jurídica en el proceso contencioso administrativo debe basarse en los principios de legalidad y debido proceso. Un acto administrativo que carezca de fundamentos legales, que no esté motivado o que viole derechos humanos debe ser declarado nulo por los tribunales administrativos. Los valores de justicia y equidad exigen que los tribunales actúen con imparcialidad y revisen los actos de autoridad bajo criterios estrictos de legalidad.

11. Conclusiones Jurídicas Específicas

El proceso contencioso administrativo en México y la CDMX es una herramienta clave para garantizar el control judicial sobre los actos de autoridad. Las normas aplicables, tanto federales como locales, permiten que los particulares impugnen actos que consideren ilegales, siempre y cuando se respeten los principios de legalidad, proporcionalidad y debido proceso. La jurisprudencia de la SCJN ha fortalecido el control judicial sobre estos actos, garantizando un acceso efectivo a la justicia administrativa.

12. Recomendaciones Jurídicas Prácticas

• Acceso a recursos judiciales efectivos: Los particulares deben ser conscientes de sus derechos y acceder a los tribunales contenciosos cuando consideren que un acto administrativo es ilegal.
• Educación en derechos administrativos: Promover una mayor educación sobre el proceso contencioso administrativo entre ciudadanos y abogados.
• Mejora de los procedimientos administrativos: Las autoridades deben garantizar que sus actos estén adecuadamente fundados y motivados, evitando futuras impugnaciones por falta de legalidad.

 

 

Erick Aarón Vázquez Sauza

Contacto: aaron.finanzasyleyes@gmail.com

Afiliación: Universidad Nacional Autónoma de México  ||  Facultad de Contaduría y Administración | Facultad de Derecho

Ciudad de México  || 24 de septiembre de 2024