Orden Público en el Derecho Mexicano

El orden público es una institución jurídica fundamental que garantiza la estabilidad y la paz social dentro de cualquier sistema legal. En el derecho mexicano, y particularmente en el derecho aplicable a la Ciudad de México, el orden público adquiere una relevancia especial como salvaguarda de los intereses generales de la sociedad. Este breve texto se propone realizar un análisis general del concepto de orden público en el contexto jurídico mexicano, destacando sus características, fundamentos, y aplicación práctica en diferentes áreas del derecho, considerando los principios constitucionales, las leyes federales y locales, la jurisprudencia, los tratados internacionales y la doctrina relevante.

Descripción General del Orden Público

El orden público se refiere a un conjunto de principios y normas que buscan mantener la paz, la tranquilidad y la seguridad dentro de una comunidad. Abarca tanto disposiciones de derecho público como de derecho privado que son consideradas fundamentales para la organización y el funcionamiento de la sociedad, independientemente de la voluntad de las partes implicadas. En sentido estricto, no se puede modificar ni alterar el orden público mediante convenios privados ni puede ser desvirtuado por normas extranjeras, lo que le otorga una característica de supremacía frente a las acciones individuales o extranjeras.

Definición Jurídica del Orden Público

La definición técnica de orden público puede entenderse como el conjunto de normas imperativas que rigen la vida social y que no pueden ser derogadas por la voluntad de los individuos ni por la intervención de derechos extranjeros. El artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza la supremacía de la Constitución, los tratados internacionales y las leyes que emanen de ella, asegurando que los principios de orden público no pueden ser vulnerados por intereses privados o foráneos.

Desde esta perspectiva, el orden público en México se configura como un límite legal a la autonomía de la voluntad, impidiendo que ciertos actos individuales tengan validez si atentan contra el bienestar general de la sociedad. Así, cualquier acuerdo entre particulares que contravenga el orden público es nulo y no puede generar efectos jurídicos. Este principio es aplicable tanto en el ámbito del derecho civil como en el administrativo, penal, y laboral.

Características del Orden Público

Las características distintivas del orden público incluyen:

1. Carácter imperativo: Las normas de orden público son obligatorias y no pueden ser modificadas o derogadas por voluntad de los particulares. Esto significa que no puede ser objeto de negociación, ya que su finalidad es proteger los intereses de la sociedad en su conjunto.

2. Interés general: El objetivo del orden público es salvaguardar el interés colectivo frente al interés individual. Las normas de orden público protegen valores fundamentales como la vida, la seguridad, la salud, el patrimonio y la moralidad pública, los cuales son indispensables para la convivencia armónica dentro de una comunidad.

3. Supremacía frente al derecho extranjero: En situaciones de conflicto entre normas internas y extranjeras, prevalece el orden público nacional. Esto se manifiesta particularmente en el ámbito del derecho privado internacional, en donde los tribunales mexicanos deben respetar los principios de orden público, incluso si alguna norma extranjera pudiera sugerir lo contrario.

4. Ámbitos de aplicación: El orden público no se limita a las normas de derecho público. Existen numerosas disposiciones de derecho privado, como el parentesco, el matrimonio y la patria potestad, que son consideradas de orden público porque afectan intereses de la sociedad en su conjunto y no pueden ser alteradas por la voluntad de las partes.

Diferencia Específica entre Orden Público y Derecho Público

Es importante destacar que el orden público no debe confundirse con el derecho público. Aunque ambos conceptos están estrechamente relacionados, presentan diferencias fundamentales. El derecho público regula las relaciones entre el Estado y los particulares, mientras que el orden público impone límites a la libertad individual para proteger intereses sociales fundamentales, que pueden aparecer tanto en normas de derecho público como de derecho privado. Un ejemplo de esto es la legislación sobre matrimonio, que si bien pertenece al derecho privado, incluye disposiciones de orden público como la prohibición del matrimonio forzado.

Fundamentos Constitucionales y Legales

El artículo 40 de la Constitución de la Ciudad de México señala el compromiso del Estado con la protección de los derechos humanos y el mantenimiento de la paz y la seguridad social. Este precepto constitucional refleja uno de los pilares fundamentales del orden público en la Ciudad de México: la preservación de un ambiente de convivencia pacífica y respetuosa entre sus ciudadanos.

A nivel federal, el artículo 73, fracción XVI de la Constitución Mexicana otorga al Congreso de la Unión facultades para dictar leyes en materia de orden público y salubridad general en toda la República. Este artículo refuerza la idea de que el orden público es un tema de interés nacional, que debe ser regulado de manera uniforme para garantizar la estabilidad social en todo el país.

El Código Civil Federal, en su artículo 6, establece que la renuncia de los derechos debe ser permitida cuando no afecte el orden público ni los derechos de terceros. De esta forma, el derecho civil mexicano impone límites claros a la autonomía de la voluntad, protegiendo los intereses generales de la sociedad.

Jurisprudencia Aplicable y Tratados Internacionales

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido una serie de precedentes que consolidan el concepto de orden público como un mecanismo de defensa del interés social. En particular, la tesis 1a./J. 29/2014 establece que las normas de orden público deben ser aplicadas de manera estricta y que no es posible su interpretación extensiva en situaciones que favorezcan a intereses individuales. La jurisprudencia también ha señalado que los actos contrarios al orden público son nulos de pleno derecho, es decir, no pueden producir ningún efecto legal.

A nivel internacional, México ha ratificado una serie de tratados que refuerzan el concepto de orden público. Entre ellos se encuentra la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en su artículo 32.2 reconoce que los derechos individuales pueden ser limitados cuando lo exijan los intereses de la seguridad nacional, el bienestar general o la moral pública. Este tratado, que tiene jerarquía constitucional en México, aporta un marco normativo adicional para interpretar y aplicar el concepto de orden público en el contexto de derechos fundamentales.

Principios Generales del Derecho Relacionados con el Orden Público

Los principios generales del derecho juegan un papel fundamental en la interpretación y aplicación del orden público. Entre estos principios se destaca el principio de legalidad, que exige que todos los actos de los ciudadanos y del Estado se ajusten a las normas legales. En este sentido, el orden público actúa como un límite a la discrecionalidad, asegurando que no se realicen actos que perjudiquen el bienestar común.

El principio de proporcionalidad también tiene un vínculo estrecho con el orden público, ya que impone la obligación de que cualquier restricción a los derechos individuales sea justificada y equilibrada en función de los intereses sociales que se protegen. En este sentido, el orden público no puede utilizarse de manera arbitraria para coartar las libertades, sino que debe estar orientado a proteger intereses legítimos y fundamentales.

Doctrina Jurídica sobre el Orden Público

La doctrina jurídica ha explorado ampliamente el concepto de orden público, y autores como Eduardo García Máynez han argumentado que su función principal es establecer los límites dentro de los cuales los individuos pueden ejercer sus derechos. La doctrina señala que el orden público es indispensable para garantizar la coexistencia pacífica y el respeto mutuo dentro de una sociedad organizada, asegurando que ciertos principios fundamentales no puedan ser alterados por acuerdos privados ni por la legislación extranjera.

En su obra, "Derecho Civil Mexicano", Rojina Villegas analiza cómo el orden público impone restricciones a la autonomía de la voluntad en el derecho privado, particularmente en áreas como el contrato, la familia y las sucesiones. Estas restricciones, según el autor, son necesarias para mantener la cohesión social y proteger los valores esenciales de la comunidad.

Conclusión

El orden público es un concepto integral y multifacético que ocupa un lugar central en el sistema jurídico mexicano. Su función primordial es proteger los intereses generales de la sociedad y limitar la autonomía de los particulares en situaciones donde los actos individuales puedan poner en riesgo el bienestar común. A través de normas imperativas que abarcan tanto el derecho público como el privado, el orden público asegura la estabilidad y la paz social, garantizando que ciertos valores fundamentales, como la vida, la integridad física, la seguridad y la moralidad pública, sean protegidos de manera constante y uniforme.

En México, y particularmente en la Ciudad de México, el orden público está respaldado por disposiciones constitucionales, leyes federales y locales, así como por una sólida jurisprudencia y doctrina que refuerzan su carácter imperativo e inmodificable. Este análisis demuestra que el orden público, lejos de ser un concepto estático, es una herramienta jurídica dinámica que responde a las necesidades de la sociedad y garantiza la convivencia pacífica en el marco del Estado de derecho.

Erick Aarón Vázquez Sauza

Contacto: aaron.finanzasyleyes@gmail.com

Afiliación: Universidad Nacional Autónoma de México  ||  Facultad de Contaduría y Administración | Facultad de Derecho

Ciudad de México  ||  24 de septiembre de 2024

Aproximación al Derecho Administrativo, Noción Mínima.

1. Descripción General 

El caso o asunto jurídico relacionado con el derecho administrativo generalmente implica una disputa entre un particular y una autoridad administrativa. En este contexto, el derecho administrativo se encarga de regular las acciones del Estado en su relación con los particulares, ya sea en temas de permisos, licencias, sanciones, o la prestación de servicios públicos.

El problema jurídico central a resolver en este caso sería determinar si la actuación de una autoridad administrativa de la CDMX ha sido conforme al marco legal vigente. La pregunta que surge es si las decisiones administrativas están apegadas a los principios de legalidad, proporcionalidad y debido proceso, conforme a la normativa mexicana y local.

2. Derecho Aplicable en México y la CDMX

Fuentes del Derecho Aplicables:

1. Fuentes formales:
   • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).
   • Constitución de la Ciudad de México.
   • Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
   • Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México.
2. Fuentes reales y materiales:
   • Políticas públicas y reglamentos locales que influyen en la interpretación de las normas.
3. Fuentes históricas: La evolución del derecho administrativo en México, particularmente influenciado por la tradición del derecho administrativo francés y el desarrollo de la administración pública mexicana.

Citas relevantes:

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM):

  • Artículo 16: Garantía de legalidad y debido proceso.
  • Artículo 133: Establece la supremacía de la Constitución y los tratados internacionales.

• Constitución de la Ciudad de México:

  • Artículo 7: Garantiza el derecho a una buena administración pública.

• Ley Federal de Procedimiento Administrativo: Establece los procedimientos que deben seguir las autoridades administrativas federales y aplica de manera supletoria en la CDMX.

• Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México: Regula los actos y procedimientos administrativos en el ámbito local.

Tratados Internacionales:

• Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José): Derecho a la protección judicial (artículo 25) y al debido proceso (artículo 8).

3. Jerarquía Normativa en el Derecho Mexicano

El artículo 133 de la CPEUM establece la supremacía de la Constitución, seguida por los tratados internacionales y las leyes federales y locales. En caso de conflicto normativo, prevalece la norma que garantice mayor protección de derechos humanos, conforme a los criterios jurisprudenciales establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Ejemplo: Si una ley local contradice un tratado internacional, el tratado prevalece, siempre que ofrezca una mayor protección.

4. Vigencia y Validez del Derecho Aplicable

Para que una norma sea válida, debe cumplir con el ámbito personal, territorial, material y temporal:

• Ámbito personal: Las leyes administrativas aplican a los particulares y autoridades en sus relaciones.
• Ámbito territorial: La Ley de Procedimiento Administrativo de la CDMX aplica exclusivamente en esta entidad.
• Ámbito material: Estas leyes regulan la actividad administrativa y los actos de autoridad.
• Ámbito temporal: Normas vigentes hasta la fecha, como la Ley de Procedimiento Administrativo promulgada en 2017, aún aplicable.

5. Derecho Positivo Mexicano Aplicable al Caso

El derecho positivo en México regula los actos administrativos. Por ejemplo, si una autoridad de la CDMX emite una sanción, debe cumplir con el principio de legalidad (artículo 16 CPEUM), el debido proceso y las formalidades esenciales.

En este sentido, un acto administrativo puede ser nulo si viola estos principios, lo cual debe evaluarse conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo.

6. Principios Generales del Derecho y Valores Jurídicos

Los principios aplicables incluyen:

• Principio de legalidad: Los actos de las autoridades deben estar fundamentados en la ley.
• Principio de proporcionalidad: Las sanciones o medidas administrativas deben ser proporcionales al hecho.
• Principio de buena fe: La administración debe actuar con buena fe al emitir actos que afecten a los particulares.

Ejemplo: Si una autoridad de la CDMX impone una sanción desproporcionada por un incumplimiento administrativo menor, podría argumentarse que viola el principio de proporcionalidad.

7. Análisis de las Fuentes del Derecho

• Constitución: La CPEUM y la Constitución de la CDMX son las fuentes normativas máximas.
• Leyes Federales y Locales: La Ley Federal de Procedimiento Administrativo y la Ley de Procedimiento Administrativo de la CDMX regulan los actos administrativos. En caso de conflicto entre ellas, prevalecerá la Constitución.

Las fuentes reales (sociales, políticas) influyen en la aplicación de estas normas, como los cambios en las políticas públicas administrativas.

8. Análisis de Jurisprudencia Aplicable

La jurisprudencia emitida por la SCJN establece criterios obligatorios sobre el control de la legalidad de los actos administrativos. Ejemplo: La tesis de jurisprudencia que obliga a respetar el debido proceso y la motivación adecuada de los actos administrativos es fundamental para evaluar la legalidad.

9. Aplicación de la Doctrina Jurídica y Tópica Jurídica

La doctrina señala que el derecho administrativo debe ser interpretado conforme a los principios de justicia, eficiencia y buena administración. Autores como Eduardo García Máynez enfatizan la importancia de la interpretación coherente y sistemática del derecho administrativo.

La tópica jurídica permite la discusión sobre las posibles soluciones en función del contexto y la norma.

10. Análisis de la Argumentación Jurídica

En este caso, la argumentación debe centrarse en verificar si el acto administrativo cumplió con los requisitos formales y materiales. Aplicando el principio de legalidad, debe demostrarse que la autoridad actuó conforme a derecho y respetó las garantías del particular.

11. Conclusiones Jurídicas Específicas

• Las autoridades administrativas de la CDMX deben actuar conforme a los principios de legalidad y proporcionalidad.
• En caso de violación a estos principios, el acto puede ser declarado nulo.
• La jurisprudencia y doctrina confirman que el debido proceso es esencial en los procedimientos administrativos.

12. Recomendaciones Jurídicas Prácticas

• Se recomienda que el particular afectado impugne el acto administrativo mediante un recurso administrativo o juicio contencioso administrativo.
• Es clave argumentar la violación del debido proceso y la falta de proporcionalidad en la sanción.

 

 

Erick Aarón Vázquez Sauza

Contacto: aaron.finanzasyleyes@gmail.com

Afiliación: Universidad Nacional Autónoma de México  ||  Facultad de Contaduría y Administración | Facultad de Derecho

Ciudad de México  || 24 de septiembre de 2024

 

Panorama del Juicio Contencioso Administrativo

1. Descripción General del Caso o Pregunta Jurídica

El proceso contencioso administrativo es un procedimiento judicial mediante el cual los particulares pueden impugnar la legalidad de actos o resoluciones emitidas por autoridades administrativas. El problema central a analizar es cómo se regula este proceso en México y la CDMX, y cuáles son las preguntas clave que requieren resolución, tales como los derechos de los particulares frente al Estado y las garantías procesales.

En este contexto, los actores involucrados son, por un lado, los particulares que buscan impugnar los actos de autoridad y, por el otro, las autoridades administrativas cuya actuación es cuestionada. La pregunta jurídica central es si el acto administrativo impugnado cumple con los principios de legalidad, debido proceso y demás garantías constitucionales.

2. Derecho Aplicable en México y la CDMX

Fuentes del Derecho:

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM): La base jurídica para el proceso contencioso administrativo se encuentra en el artículo 14 de la CPEUM, que establece el derecho al debido proceso y la prohibición de aplicar leyes de manera retroactiva. Asimismo, el artículo 16 garantiza que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado.

• Constitución de la Ciudad de México: La Constitución local, en su artículo 10, establece derechos de los ciudadanos frente a las autoridades administrativas, garantizando el acceso a procedimientos administrativos justos y a la protección judicial.

• Tratados Internacionales: México es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que en su artículo 14 establece el derecho a un juicio justo y al acceso a recursos efectivos ante violaciones de derechos. También es parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), cuyo artículo 25 garantiza la protección judicial.

Leyes aplicables:

• Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (LFPCA): Esta ley regula los procedimientos contenciosos a nivel federal, proporcionando las normas sobre cómo y cuándo los particulares pueden impugnar actos de autoridades administrativas.
• Código de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de México: Regula el procedimiento contencioso administrativo en el ámbito local, garantizando derechos de los administrados a un proceso justo y expedito.

3. Jerarquía Normativa en el Derecho Mexicano

En el derecho mexicano, la Constitución es la norma suprema (artículo 133 CPEUM). En cuanto a los tratados internacionales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha resuelto en diversas jurisprudencias que tienen una jerarquía equivalente a la Constitución cuando se refieren a derechos humanos. En caso de conflicto entre normas locales y federales, prevalecen las federales, conforme al artículo 124 de la CPEUM.

En la CDMX, los actos administrativos locales deben cumplir con los principios establecidos en la Constitución de la Ciudad de México, pero siempre subordinados a la Constitución Federal y tratados internacionales.

4. Vigencia y Validez del Derecho Aplicable

Las normas aplicables, como la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, están vigentes en todo el país. Asimismo, el Código de Procedimientos Administrativos de la CDMX está vigente y aplicable en el territorio de la Ciudad de México, habiéndose promulgado y actualizado conforme a los procedimientos legislativos pertinentes.

5. Derecho Positivo Mexicano Aplicable al Caso

El derecho positivo mexicano aplicable al proceso contencioso administrativo incluye las leyes que regulan la interacción entre particulares y el Estado en materia administrativa. Esto implica que el particular tiene derecho a impugnar un acto de autoridad cuando considere que ha sido emitido de manera ilegal o que vulnera sus derechos. Ejemplos concretos incluyen la posibilidad de impugnar resoluciones tributarias, licencias y permisos administrativos.

6. Principios Generales del Derecho y Valores Jurídicos

En el proceso contencioso administrativo, los principios generales del derecho como el de legalidad, proporcionalidad, y debido proceso son fundamentales. Por ejemplo, el principio de legalidad exige que todo acto de autoridad esté fundado y motivado en una norma legal; mientras que el principio de proporcionalidad implica que las sanciones o medidas administrativas no deben ser excesivas o desproporcionadas en relación con la falta cometida. Estos principios están arraigados en los artículos 14 y 16 de la CPEUM y son reiterados en la jurisprudencia de la SCJN.

7. Análisis de las Fuentes del Derecho

Las fuentes formales del derecho aplicables son principalmente:

• Constitución Federal: Los artículos 14 y 16 sobre el debido proceso y legalidad.
• Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo: Regula cómo los actos administrativos pueden ser impugnados.
• Código de Procedimientos Administrativos de la CDMX: A nivel local, establece los pasos y requisitos para impugnar actos administrativos.
• Jurisprudencia: Diversas tesis jurisprudenciales de la SCJN han definido el alcance del derecho al debido proceso en el ámbito administrativo.

8. Análisis de Jurisprudencia Aplicable

La SCJN ha emitido jurisprudencias clave sobre el proceso contencioso administrativo. Un ejemplo es la tesis jurisprudencial 2a./J. 21/2016, que establece que todo acto administrativo debe estar fundado y motivado adecuadamente. Asimismo, la jurisprudencia 1a./J. 29/2017 refuerza el derecho al debido proceso, exigiendo que los tribunales administrativos revisen de manera exhaustiva la legalidad de los actos de autoridad.

9. Aplicación de la Doctrina Jurídica y Tópica Jurídica

La doctrina jurídica en México ha desarrollado teorías que sostienen la necesidad de garantizar un proceso administrativo justo, basado en los principios de debido proceso y control de legalidad. Doctrinarios como José Ovalle Favela destacan la importancia de que los tribunales administrativos actúen como verdaderos garantes del Estado de Derecho, asegurando que las decisiones administrativas se ajusten a los principios constitucionales.

10. Análisis de la Argumentación Jurídica

La argumentación jurídica en el proceso contencioso administrativo debe basarse en los principios de legalidad y debido proceso. Un acto administrativo que carezca de fundamentos legales, que no esté motivado o que viole derechos humanos debe ser declarado nulo por los tribunales administrativos. Los valores de justicia y equidad exigen que los tribunales actúen con imparcialidad y revisen los actos de autoridad bajo criterios estrictos de legalidad.

11. Conclusiones Jurídicas Específicas

El proceso contencioso administrativo en México y la CDMX es una herramienta clave para garantizar el control judicial sobre los actos de autoridad. Las normas aplicables, tanto federales como locales, permiten que los particulares impugnen actos que consideren ilegales, siempre y cuando se respeten los principios de legalidad, proporcionalidad y debido proceso. La jurisprudencia de la SCJN ha fortalecido el control judicial sobre estos actos, garantizando un acceso efectivo a la justicia administrativa.

12. Recomendaciones Jurídicas Prácticas

• Acceso a recursos judiciales efectivos: Los particulares deben ser conscientes de sus derechos y acceder a los tribunales contenciosos cuando consideren que un acto administrativo es ilegal.
• Educación en derechos administrativos: Promover una mayor educación sobre el proceso contencioso administrativo entre ciudadanos y abogados.
• Mejora de los procedimientos administrativos: Las autoridades deben garantizar que sus actos estén adecuadamente fundados y motivados, evitando futuras impugnaciones por falta de legalidad.

 

 

Erick Aarón Vázquez Sauza

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Ciudad de México  || 24 de septiembre de 2024

 

Análisis Jurídico del Acto Jurídico en el Derecho Administrativo Mexicano

1. Introducción

El acto jurídico es uno de los pilares fundamentales del derecho administrativo en México, ya que regula la forma en que los órganos administrativos manifiestan su voluntad para producir efectos jurídicos. Estos actos son esenciales para la operatividad del Estado y su capacidad de cumplir con sus funciones públicas. Un acto jurídico administrativo es, en esencia, la manifestación de voluntad de un órgano administrativo, destinada a crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Este análisis se centrará en los elementos esenciales del acto jurídico administrativo, los requisitos de validez, y los mecanismos de impugnación de dichos actos.

2. Definición del Acto Jurídico Administrativo

Un acto jurídico administrativo es una declaración unilateral de voluntad emitida por un órgano de la administración pública que tiene por objeto producir efectos jurídicos específicos en la esfera del derecho administrativo. Estos efectos pueden incluir la creación de normas, la concesión de derechos, la imposición de obligaciones o la resolución de conflictos.

El derecho administrativo mexicano regula diversas formas de actos jurídicos, tales como:

• Reglamentos: Disposiciones generales dictadas por la administración para regular situaciones abstractas.
• Órdenes: Mandatos que exigen la realización o abstención de una conducta específica.
• Resoluciones: Decisiones que ponen fin a un procedimiento administrativo.
• Autorizaciones y licencias: Actos mediante los cuales se otorgan permisos para la realización de actividades que, de otro modo, estarían prohibidas o reguladas.

3. Requisitos de Validez del Acto Jurídico Administrativo

Para que un acto jurídico administrativo sea válido y produzca efectos en el ámbito del derecho, debe cumplir con ciertos requisitos, establecidos tanto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) como por las leyes administrativas federales y locales. Los requisitos fundamentales incluyen:

a) Competencia

La competencia se refiere a la facultad legal del órgano administrativo para emitir el acto. Este principio está establecido en el Artículo 16 de la CPEUM, que señala que ningún acto de autoridad puede ser emitido sin estar fundado y motivado conforme a la ley. Cada órgano administrativo debe actuar dentro de los límites de sus atribuciones legales, tal como lo establecen las leyes específicas que regulan sus funciones. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y las leyes locales equivalentes determinan la competencia de cada entidad administrativa.

b) Forma

El principio de forma exige que el acto administrativo se emita siguiendo las formalidades establecidas en la ley. Esto incluye la redacción escrita en la mayoría de los casos, la firma de las autoridades competentes, y la publicación o notificación en los casos que así lo requiera. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece las formalidades necesarias para la emisión de actos administrativos, con el objetivo de garantizar transparencia y legalidad en los procesos.

c) Contenido

El contenido del acto administrativo debe ser conforme a derecho, es decir, debe respetar las disposiciones legales y no contravenir derechos fundamentales. El acto no puede contener disposiciones arbitrarias o contrarias a los principios constitucionales, como los derechos humanos establecidos en el Título Primero de la CPEUM. Además, debe ser congruente con las finalidades del derecho administrativo, lo que incluye la promoción del interés público y la observancia del principio de legalidad.

d) Motivación

El principio de motivación está íntimamente ligado al Artículo 16 de la CPEUM, que exige que todo acto de autoridad esté fundado y motivado. La motivación implica que el acto administrativo debe expresar claramente los fundamentos legales y los hechos que lo sustentan. Esta explicación permite a los ciudadanos entender el razonamiento detrás del acto y proporciona una base para su control judicial o impugnación en caso de que se considere ilegal o arbitrario.

4. Impugnación de Actos Jurídicos Administrativos

Los actos jurídicos administrativos pueden ser impugnados si se consideran ilegales o contrarios a derecho. Existen diversos mecanismos para controvertir estos actos, dependiendo de la naturaleza del acto y la instancia a la que se recurra. Los más comunes son:

a) Recurso Administrativo

La Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece la posibilidad de interponer recursos administrativos ante la misma autoridad que emitió el acto o ante una superior jerárquica. Este recurso permite revisar el acto para corregir errores o ilegalidades antes de acudir a los tribunales.

b) Juicio de Nulidad

El Juicio de Nulidad, regulado por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es el mecanismo judicial mediante el cual los tribunales administrativos, como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), revisan los actos administrativos para determinar su validez. Si el tribunal encuentra que el acto fue emitido sin competencia, sin la debida forma, con contenido ilegal, o sin motivación adecuada, puede declarar su nulidad.

c) Juicio de Amparo

Cuando un acto administrativo viola derechos humanos consagrados en la CPEUM o en tratados internacionales, el afectado puede interponer un Juicio de Amparo ante el Poder Judicial de la Federación. Este juicio busca proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a actos de autoridad ilegales o inconstitucionales. Los Artículos 103 y 107 de la CPEUM regulan este proceso.

5. Fuentes del Derecho y Jerarquía Normativa

El análisis de los actos jurídicos administrativos debe llevarse a cabo considerando las fuentes del derecho en México, en un marco jerárquico claro. Según el Artículo 133 de la CPEUM, la Constitución es la norma suprema, seguida de los tratados internacionales y las leyes federales y locales. Los actos administrativos, al estar subordinados a estas fuentes, deben respetar este marco jerárquico. Además, la jurisprudencia emitida por la SCJN y los tribunales administrativos juega un papel crucial en la interpretación y aplicación de estos actos.

6. Conclusiones

El acto jurídico administrativo es un concepto central en el derecho administrativo mexicano y tiene efectos directos sobre la relación entre los ciudadanos y el Estado. La validez de estos actos depende de que se cumplan requisitos esenciales como la competencia, la forma, el contenido y la motivación. Los ciudadanos tienen derecho a impugnar actos que consideren ilegales, utilizando mecanismos como los recursos administrativos, el juicio de nulidad y el juicio de amparo.

La observancia estricta de los principios de legalidad, competencia y motivación es fundamental para garantizar que los actos administrativos sean válidos y respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos. El control judicial sobre estos actos asegura un balance adecuado entre el poder administrativo y la protección de los derechos individuales.

En este sentido, el derecho administrativo mexicano proporciona un marco robusto para la revisión de los actos administrativos, evitando abusos de poder y promoviendo la transparencia y el respeto a la legalidad en la actuación de los órganos públicos.

 

Erick Aarón Vázquez Sauza

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Ciudad de México  || 24 de septiembre de 2024

 

¿Absoluta Libertad de Expresión en México?

Erick Aarón Vázquez Sauza

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Ciudad de México  || 24 de septiembre de 2024

 

1. Descripción General del Caso o Pregunta Jurídica

La libertad de expresión, reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y en diversos tratados internacionales, plantea una pregunta clave: ¿es un derecho humano absoluto en el orden jurídico mexicano, particularmente en el contexto de la Ciudad de México (CDMX)? Este análisis busca determinar los límites y alcances de este derecho, así como las excepciones que pueden justificar su restricción.

2. Derecho Aplicable en México y la CDMX

El marco normativo mexicano sobre la libertad de expresión se fundamenta principalmente en:

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM): En su Artículo 6, la CPEUM garantiza la libertad de expresión. Sin embargo, también menciona que este derecho no debe afectar los derechos de terceros, el orden público, la moral y la vida privada.
• Constitución Política de la Ciudad de México: Retoma este derecho, alineándose con la Constitución federal y desarrollando aspectos locales relacionados con la libertad de expresión.
• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP): México es parte de este tratado, que en su Artículo 19 garantiza la libertad de expresión, aunque permite restricciones justificadas por la ley para proteger la reputación de otros, la seguridad nacional, el orden público o la moral.
• Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH): En su Artículo 13, establece el derecho a la libertad de pensamiento y expresión, permitiendo restricciones similares a las del PIDCP.
• Ley General de Comunicación Social: Regula la comunicación social en México y establece derechos y obligaciones tanto para los medios de comunicación como para las autoridades en este ámbito.

3. Jerarquía Normativa en el Derecho Mexicano

El sistema jurídico mexicano se rige por una jerarquía normativa donde:

• La Constitución es la norma suprema.
• Los tratados internacionales tienen el mismo rango que la Constitución según el Artículo 133 de la CPEUM y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
• Las leyes federales prevalecen sobre las locales en caso de conflicto, pero las leyes locales, como la Constitución de la CDMX, pueden regular materias no reservadas a la Federación.

4. Vigencia y Validez del Derecho Aplicable

Tanto la Constitución mexicana como los tratados internacionales que garantizan la libertad de expresión están vigentes y son aplicables en todo el territorio mexicano, incluida la CDMX. La jurisprudencia de la SCJN ha reforzado estos derechos, pero también ha señalado sus límites.

5. Derecho Positivo Mexicano Aplicable al Caso

El derecho mexicano reconoce la libertad de expresión como un derecho fundamental, pero no absoluto. La jurisprudencia ha establecido que puede ser limitado por razones de interés general, como la protección de los derechos de terceros, la seguridad nacional o el orden público. El Artículo 6 de la CPEUM prevé expresamente que el ejercicio de la libertad de expresión está sujeto a limitaciones cuando se vulneren estos intereses.

6. Principios Generales del Derecho y Valores Jurídicos

El análisis de la libertad de expresión en México debe realizarse bajo los principios de legalidad, proporcionalidad y seguridad jurídica. Estos principios aseguran que cualquier limitación a este derecho se justifique por una ley clara, sea necesaria para proteger un interés legítimo y sea proporcional a dicho interés, tal como lo establecen tanto la Constitución como la jurisprudencia de la SCJN.

7. Análisis de las Fuentes del Derecho

Las principales fuentes del derecho que regulan la libertad de expresión en México son:

• Constitución: Norma suprema que garantiza este derecho.
• Tratados Internacionales: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
• Leyes Federales: Ley General de Comunicación Social, entre otras.
• Jurisprudencia: Decisiones de la SCJN, especialmente en torno a la proporcionalidad de las restricciones a la libertad de expresión.

8. Análisis de Jurisprudencia Aplicable

La SCJN ha adoptado criterios que limitan la libertad de expresión en casos excepcionales. Estos límites deben cumplir con cuatro principios clave:

1. Excepcionalidad: Las restricciones deben ser casos extraordinarios.
2. Legalidad: Deben estar basadas en una ley clara y precisa.
3. Necesidad: La limitación debe ser necesaria para proteger un interés legítimo.
4. Proporcionalidad: La restricción debe ser la menos gravosa posible y debe evaluarse si la medida es adecuada para alcanzar el objetivo legítimo.

9. Aplicación de la Doctrina Jurídica y Tópica Jurídica

La doctrina jurídica ha explorado diversos enfoques sobre la libertad de expresión, como la teoría de los daños (protección contra daños injustificados a otros) y la teoría de la ofensa (cuando la expresión afecta a la dignidad de otros). La tópica jurídica se utiliza para resolver casos individuales mediante la ponderación de principios, ofreciendo soluciones adecuadas para cada conflicto.

10. Análisis de la Argumentación Jurídica

Cualquier evaluación del derecho a la libertad de expresión debe ponderar el contexto específico del caso, examinando los derechos en conflicto (como la reputación o privacidad) y aplicando los criterios de excepcionalidad, legalidad, necesidad y proporcionalidad establecidos por la jurisprudencia.

11. Conclusiones Jurídicas Específicas

El derecho a la libertad de expresión en México no es absoluto. Puede ser restringido por ley bajo las siguientes condiciones:

1. Excepcionalidad: Solo en circunstancias necesarias y excepcionales.
2. Legalidad: Las restricciones deben estar claramente fundamentadas en leyes preexistentes.
3. Necesidad: Deben proteger un interés legítimo, como la seguridad o los derechos de terceros.
4. Proporcionalidad: La medida restrictiva debe ser la menos gravosa posible y proporcionada al objetivo.

12. Recomendaciones Jurídicas Prácticas

• Interpretación Restrictiva de las Limitaciones: Las restricciones a la libertad de expresión deben ser interpretadas de manera restrictiva y aplicarse solo cuando sea absolutamente necesario.
• Control Judicial: Los jueces deben ejercer un control estricto y exhaustivo sobre cualquier limitación de este derecho.
• Fomento de la Educación en Derechos Humanos: Promover la educación en materia de derechos humanos es clave para garantizar un ejercicio responsable de la libertad de expresión.

Conclusión

El derecho a la libertad de expresión es un pilar fundamental en el Estado de Derecho mexicano, pero no es absoluto. Las restricciones que se imponen deben estar justificadas por un marco legal claro y basadas en los principios de excepcionalidad, legalidad, necesidad y proporcionalidad. Esto garantiza un equilibrio adecuado entre la protección de la libertad de expresión y otros derechos e intereses legítimos en la sociedad mexicana. 

Diferencias y Equivalencias entre Tasa de Descuento y Tasa de Interés

Erick Aarón Vázquez Sauza

Contacto: aaron.finanzasyleyes@gmail.com

Afiliación: Universidad Nacional Autónoma de México  ||  Facultad de Contaduría y Administración | Facultad de Derecho

Ciudad de México  || 23 de septiembre de 2024

La tasa de descuento se puede entender de la siguiente manera:

Partamos de una regla general, aunque no necesariamente universal o infalible: todos los bienes tienen un precio hoy y, en el futuro, ese precio será más alto. En otras palabras, los precios tienden a aumentar con el tiempo. Al referirnos a “precio”, también podríamos considerar conceptos como valor o costo.

Por ejemplo, imaginemos que el 1 de enero un producto tiene un valor de 1,000 dólares. Según nuestra regla, sabemos que, al final del año, el 31 de diciembre, ese mismo producto costará más, digamos 1,100 dólares. Esto implica que, aunque el precio del producto en el mercado ha aumentado, la cantidad de dinero que teníamos el 1 de enero no será suficiente para comprarlo al final del año. Es decir, el dinero pierde su poder adquisitivo con el tiempo.

Así, podemos inferir que, desde hoy hasta una fecha futura, el dinero tendrá menos valor, o que los bienes y servicios costarán más. Si miramos desde el futuro hacia el pasado, notamos que el valor del objeto es mayor en el futuro que en el pasado. Esto nos lleva a concluir que, en el pasado, se “descuenta” parte del valor. Además, este cambio de valor puede expresarse en términos porcentuales, lo que da lugar a la tasa de interés o porcentaje que ajusta el valor futuro hacia el pasado. Por ello, esta tasa se denomina “tasa de descuento”.

Esto significa que cualquier cantidad de dinero que hoy permita adquirir un bien o servicio será insuficiente en el futuro para seguir comprándolo. En el futuro, se necesitará más dinero para cubrir el costo del mismo bien o servicio. La cantidad de dinero disponible en un momento no será igual en el futuro; existe una diferencia que puede calcularse tanto en valor económico como en porcentaje. Si analizamos el valor futuro para determinar cuánto dinero se requeriría en el pasado para alcanzar ese valor, podemos observar un descuento que se puede cuantificar porcentualmente.

Hagamos una aclaración adicional. Cuando calculamos el monto futuro a partir del presente, el interés porcentual se denomina “tasa de interés”. Este porcentaje es el mismo que la “tasa de descuento”, aunque en este último caso se calcula desde el valor futuro hacia el valor presente. Por lo tanto, el valor porcentual es idéntico en ambos casos, pero su aplicación y significado varían.

Diferencias Clave:

1. Tasa de Descuento:
• Propósito: Se utiliza para traer flujos de efectivo futuros a su valor presente. Es esencial en la evaluación de proyectos de inversión para determinar si los ingresos futuros justifican la inversión inicial.
• Perspectiva: Mira desde el futuro hacia el presente. Descuenta el valor futuro para obtener su valor presente.
• Aplicación: Se usa en análisis de valor presente neto (VPN), valoración de empresas y otros cálculos financieros que requieren comparar valores en diferentes momentos del tiempo.
2. Tasa de Interés:
• Propósito: Se utiliza para calcular el valor futuro de una cantidad presente. Es común en préstamos, inversiones y ahorros.
• Perspectiva: Mira desde el presente hacia el futuro. Proyecta el valor presente hacia el futuro.
• Aplicación: Se usa en cálculos de interés compuesto, valor futuro de inversiones y en escenarios donde se necesita conocer cuánto crecerá una cantidad de dinero con el tiempo.

Ambas tasas reflejan el valor del dinero en el tiempo, pero se aplican en direcciones opuestas y para propósitos diferentes. Aunque el porcentaje utilizado es el mismo, la aplicación de la tasa de descuento y la tasa de interés depende de la dirección del cálculo (hacia el pasado o hacia el futuro). La tasa de descuento se utiliza para traer valores futuros al presente, mientras que la tasa de interés se usa para proyectar valores presentes hacia el futuro.

Ejemplo:

Imaginemos que tienes 1,000 dólares hoy, y quieres saber cuánto valdrán en el futuro con una tasa de interés del 10% anual. Al mismo tiempo, usaremos esa misma tasa de interés para calcular el valor presente de 1,100 dólares que recibirás dentro de un año.

Cálculo del Valor Futuro:

1. Tasa de Interés: 10%

2. Monto Presente: 1,000 dólares

3. Fórmula:

   $$\text{Valor Futuro} = \text{Monto Presente} \times (1 + \text{Tasa de Interés})$$

   Aplicando la fórmula:

   $$\text{Valor Futuro} = 1,000 \times (1 + 0.10) = 1,000 \times 1.10 = 1,100 \text{ dólares}$$

Esto significa que, si inviertes 1,000 dólares hoy a una tasa de interés del 10%, tendrás 1,100 dólares al final del año.

Cálculo del Valor Presente:

Ahora, veamos cómo usar la misma tasa para calcular el valor presente de 1,100 dólares que recibirás en un año.

1. Tasa de Descuento: 10%

2. Monto Futuro: 1,100 dólares

3. Fórmula:

   $$\text{Valor Presente} = \frac{\text{Monto Futuro}}{(1 + \text{Tasa de Descuento})}$$

   Aplicando la fórmula:

   $$\text{Valor Presente} = \frac{1,100}{(1 + 0.10)} = \frac{1,100}{1.10} \approx 1,000 \text{ dólares}$$

Esto significa que, si esperas recibir 1,100 dólares en un año, su valor presente hoy es aproximadamente 1,000 dólares.

Conclusión:

En este ejercicio, hemos demostrado que:

• Usando una tasa de interés del 10%, 1,000 dólares hoy se convierten en 1,100 dólares en un año.
• Usando la misma tasa de 10% como tasa de descuento, 1,100 dólares en un año tienen un valor presente de 1,000 dólares hoy.

Esto ilustra cómo la tasa de interés y la tasa de descuento son dos caras de la misma moneda: ambas reflejan el mismo valor, pero desde diferentes perspectivas en el tiempo.

Tasa de Descuento: Un Análisis Detallado y Práctico en el Contexto de Negocios en CDMX

 La tasa de descuento es un concepto fundamental en la valoración de inversiones y en el cálculo del valor presente neto (VPN). Representa el rendimiento mínimo que un inversor espera obtener al invertir en un proyecto, y su elección puede influir significativamente en las decisiones financieras. En este artículo, exploraremos cómo se determina la tasa de descuento, qué factores influyen en su cálculo y proporcionaremos cinco ejemplos prácticos en el contexto de la Ciudad de México.

¿De Dónde Sale la Tasa de Descuento?

La tasa de descuento se deriva de varios factores, que incluyen:

1. Riesgo de la Inversión: Cada inversión conlleva un nivel de riesgo. Las inversiones más arriesgadas suelen requerir una tasa de descuento más alta para compensar la posibilidad de pérdidas. Por ejemplo, una startup en tecnología podría tener una tasa de descuento más alta que una empresa consolidada.

2. Costo de Oportunidad: Este concepto se refiere al rendimiento que podrías haber obtenido al invertir ese capital en otra alternativa. Si eliges invertir en un proyecto con una tasa de retorno del 5% en lugar de otro con una tasa del 10%, tu costo de oportunidad es del 5%.

3. Inflación: La tasa de inflación afecta el poder adquisitivo del dinero en el futuro. Por lo tanto, es importante tener en cuenta la inflación al calcular la tasa de descuento, especialmente en economías con tasas inflacionarias elevadas como la de México.

4. Financiamiento: Si la inversión se financia con deuda, el costo del capital (intereses) debe ser considerado. Esto también influye en la tasa de descuento.

5. Benchmarking: Muchas empresas utilizan tasas de retorno históricas de mercados similares o del mercado de valores en general como referencia. Esto ayuda a establecer una tasa de descuento que sea competitiva y realista.

Cómo Decidir la Tasa de Descuento

Decidir la tasa de descuento no es un proceso exacto, sino que implica un análisis cuidadoso de varios factores. A continuación, veremos cinco ejemplos prácticos en CDMX que ilustran cómo se puede determinar la tasa de descuento en diferentes contextos.

Ejemplo 1: Restaurante en una Zona Turística

Contexto: Un empresario desea abrir un restaurante en la Condesa.

• Riesgo: Alto, debido a la competencia y cambios en las preferencias de los consumidores.
• Costo de Oportunidad: El empresario podría invertir en otro restaurante que ya funciona.
• Tasa de Descuento: Al evaluar, se decide una tasa del 12% para reflejar el alto riesgo y la competencia.

Ejemplo 2: Inversión en una Tienda de Ropa

Contexto: Un emprendedor planea abrir una tienda de ropa en Polanco.

• Riesgo: Moderado, ya que Polanco es una zona de alto poder adquisitivo.
• Costo de Oportunidad: La inversión podría haberse utilizado para comprar acciones de empresas establecidas.
• Tasa de Descuento: Se establece una tasa del 9% considerando el riesgo y el rendimiento esperado de acciones.

Ejemplo 3: Desarrollo Inmobiliario

Contexto: Un desarrollador inmobiliario busca construir un complejo habitacional en Tlalpan.

• Riesgo: Moderado, relacionado con la regulación y el financiamiento.
• Costo de Oportunidad: Alternativas en el mercado inmobiliario o en otros sectores.
• Tasa de Descuento: Se decide una tasa del 10% basada en rendimientos históricos en el sector inmobiliario.

Ejemplo 4: Franquicia de Café

Contexto: Una persona está considerando abrir una franquicia de café en una plaza comercial.

• Riesgo: Bajo a moderado, dado que se trata de una franquicia establecida.
• Costo de Oportunidad: Podría invertir en otra franquicia o en un negocio diferente.
• Tasa de Descuento: Se establece una tasa del 8%, alineada con la estabilidad de la marca y el modelo de negocio probado.

Ejemplo 5: Start-up de Tecnología

Contexto: Un emprendedor busca invertir en una startup tecnológica en CDMX.

• Riesgo: Muy alto, dado el alto fracaso de startups.
• Costo de Oportunidad: Inversión en un fondo de capital de riesgo.
• Tasa de Descuento: Se decide una tasa del 20%, reflejando el alto riesgo y la posibilidad de altos retornos.

Conclusiones

La tasa de descuento es un componente esencial en el análisis financiero que ayuda a los inversores a tomar decisiones informadas. Su determinación implica una evaluación cuidadosa del riesgo, el costo de oportunidad, la inflación y otros factores. Al comprender cómo se llega a esta tasa, los emprendedores y empresarios en la Ciudad de México pueden realizar análisis más precisos y elegir las mejores opciones de inversión. Así, la tasa de descuento no solo sirve como un número en una fórmula, sino como un reflejo del valor y el riesgo asociados a una inversión en el vibrante contexto empresarial de CDMX.

Erick Aarón Vázquez Sauza

Contacto: aaron.finanzasyleyes@gmail.com

Afiliación: Universidad Nacional Autónoma de México  ||  Facultad de Contaduría y Administración | Facultad de Derecho

Ciudad de México  || 22 de septiembre de 2024